CARTA PÚBLICA A (TODOS) LOS
MIEMBROS DE LA UBA
Eduardo Grüner
Compañeros, colegas, amigos,
conocidos, “público en general”:
El conflicto por los
horriblemente llamados “jubilables” de la UBA podría estar alcanzando en las próximas
semanas un punto culminante. Ya ha habido notas en los medios, programas de
radio, circulan solicitadas y petitorios, hay miles de firmas en solidaridad
con los afectados, y el 8 de junio se está preparando un gran acto bajo el
formato de “clase magistral” a cargo de algunos / as afectados / as,
deseablemente con presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que
el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables.
Todo esto, sin embargo, con
ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún
todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad
argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos-, tiene
una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta
embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del
mundo: sí, del mundo , puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya
somos más grandes que la UNAM ,
que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA ). La posible “liquidación”, por medio de una
acción ilegal , de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es
una amenaza que de ninguna manera
pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido
precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta
“renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial”
de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como
es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerla directamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería
improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿se está
especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita
seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse
de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a
tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de
pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o
64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se
trata es de un gigantesco ajuste , no solamente económico, sino integral.
Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo
que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación”
forzada e –insistamos en esto- ilegal ) a la “materia gris” más probada
y de mayor experiencia de la
Universidad , hombres y mujeres en plena actividad productiva
en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la
transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y
a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole
saber vía Banelco que no existe más para la Universidad , después
de haber servido lealmente a la
UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular
de tantos de ellos / as que por la propia historia del país de la cual fueron
víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido
sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún
sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del
Congreso de la Nación
en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para
el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo
–situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la
mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia-. Hasta la peor de
las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la
indemnización correspondiente al empleado que despide. La
UBA , evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones
“humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la
normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de
equipos de investigación, de colectivos
de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale
decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería
suficientemente grave. Es toda la
comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber
la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los
tantos otros “ajustes” permanentes con
los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por
ejemplo, la existencia de algo así como un 30 % de docentes de la UBA llamados ad honorem
, que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el
“honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de
su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que
significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre
los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70 % de docentes
“interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el
atraso o el desinterés (desinterés bien interesado , en muchos casos) en
el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de
los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus
concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas).
Es decir: bastan estos datos
rápidos para advertir que la
UBA es hoy la institución estatal con el índice más
alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser
absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas
en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos”-, y con mucha más
razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y
cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el
denominado “futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros
con nosotros mismos- en general lo estuvimos tolerando . Aunque tenemos
nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de
reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las
facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que
nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni
siquiera los espacios adecuados para trabajar ), sumado a que estamos
obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero
para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo”
característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario- ha
provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al
mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA , un lugar al que muchos
amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La
docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el
reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un
cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario,
secundario o universitario) su existencia misma . Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros
mismos , en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas
y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá
tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier
trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución está en
la picota.
La cuestión es, por otra
parte, profundamente política , en el más alto y noble sentido de la
palabra. Es hora, en la UBA
y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De
no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas
semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso
contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la
“autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste”
salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución
para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una
obscenidad perversa.
La sociedad para la cual
trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas.
Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente
política: en el sentido de que la polis , la comunidad de los
ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su
conjunto debe tomar riendas en el
asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y
convocarla.
Hay también otros sentidos
más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de
los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían
dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente
desconociendo el derecho que les
otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte)
años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de
estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad
honorem . El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una
ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional”
por el acceso a los recursos escasos- este argumento mezquinamente
“administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional:
con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en
términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la
precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas
cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar”
para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los
actualmente al frente de esas cátedras.
Por supuesto, ello
implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de
presupuesto para la UBA
(cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino
infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual
conducción de la UBA
no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera
“guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a
hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda
dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional,
sectores de la UCR
y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional
aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL
(Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de
los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la
autoreproducción in aeternum de
ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a
la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes,
no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones
como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de
potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los
sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de
la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos- no pueden permitírselo:
pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al
poder. No es verdad que en la UBA
haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en
posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra
vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría
constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los
consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible
ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación
“indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es
una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de
renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas
universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico
debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados
entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se
requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA , y muy particularmente de
sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica
ciudadanía universal a todos sus
miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema
de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable
una gran segunda Reforma Universitaria , que la ponga “al día” con la
“democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no
significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como
cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509- va a haber que pelear; el
anquilosamiento en el poder de la
SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el
círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser
soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto
respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y
corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y
para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y
gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a
rajatablas- depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no
solamente al gobierno de la UBA ,
al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su
crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que
debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y / o parlamentarios que
correspondan- que una institución estatal como la
UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso
de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande
de la Argentina
(y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de
la ley .
Habría muchísimo más que
discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa
en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera
edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un
trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para
un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones
normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo
mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre
una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual”
–algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo
menos en las ramas más tecnificadas de la economía- ¿significa entonces que no
debemos tomar en cuenta los efectos
de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz
ese sistema?
También podríamos discutir
qué significa hoy producir
intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es
siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor
universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante.
Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A
Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría
en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán
) para la Universidad
de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título
universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como
ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es
desarrollado por quienes son también docentes
universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado
hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg
Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de
la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes
como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años
en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o
declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los
docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus
concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los
profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con
una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación
“simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate
presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para
volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA ? No es un secreto que el
mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente
“productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido
vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de
decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar
de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes- se termina
“premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de
siempre los mismos papers para
congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas
investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie
jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos
libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum
vitae .
En fin, ¿para qué abundar?
Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la
misma: la UBA
está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un
tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a
decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las
Luces del siglo XVIII- que este embate contra los “jubilables” es el síntoma
de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi
exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores
condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen
amando pese a todo- una de las dos o tres universidades más prestigiosas de
América Latina. Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas
autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o
inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la
comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El
escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar
estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término)
una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su
malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos
bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual
“encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una
buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de
esa expresión.
La acción más inmediata que
podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para
hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un
acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y
reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos,
colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o
lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que,
repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la
sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del
8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea
orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más
allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente
rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos
artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos,
periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea?
Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer,
“inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al
espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las
plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización
de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras
situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más
importantes que la crisis de la
UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una
causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente
y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la
oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero
también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.